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miércoles, 22 de julio de 2015

Universidades rechazan las sanciones de la Sunedu

Ante imposición de plazo para adecuarse a nueva ley. Reglamento castiga a quienes no cambien autoridades y estatutos antes del 31 de diciembre.

Decisiones que aún generan discrepancias. La demora de las universidades públicas por adecuarse a la nueva Ley Universitaria provocó que –hace más de una semana– la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) establezca un plazo límite para que la ejecuten: el próximo 31 de diciembre. Esta fecha, sin embargo, no goza de la aceptación de las instituciones educativas involucradas.
Lo que tampoco cuenta con el respaldo de las 64 casas de estudios que integran la Asociación de Universidades del Perú (Asup) son las sanciones que recibirán aquellas que incumplan con el mencionado plazo.
A casi un año de la publicación de la ley, solo 6 universidades públicas autorizadas han cumplido con el cambio de estatutos y de autoridades. El resto debe acelerar los procesos para culminarlos máximo en diciembre; de lo contrario recibirán sanciones que pueden alcanzar las 300 UIT (Unidades Impositivas Tributarias), lo que equivale a 1 millón 155 mil soles, según informó a La República la titular de la Sunedu, Lorena Masías.
 
Otro castigo, también considerado en el reglamento de sanciones elaborado por la Sunedu, será la denuncia penal contra la autoridad que se resista a dejar su cargo.
 
A través de un comunicado emitido ayer, la Asup manifiesta que dicho documento viola la Constitución y las leyes y amenaza a los rectores de las universidades públicas con sanciones penales y multas.
 
Precisa, además, que para la redacción de este reglamento no se ha convocado a ninguna universidad, ni a un debate público. "Se trata de una persecución y un ataque dictatorial contra la autonomía universitaria, y la liquidación de la universidad nacional buscando su privatización", argumenta.
 
Hay que precisar que esta organización está encabezada por el también rector de laUniversidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Pedro Cotillo. Esta casa de estudios ha sido calificada por la Sunedu como "rebelde a lo dispuesto por la ley". Sin embargo, el jefe de la oficina de imagen institucional, Fernando Obregón, asegura que "ya se ha aprobado el reglamento de elecciones y está por aprobarse el cronograma electoral". "Si se aplican sanciones que no están consideradas en la ley se apelará y se denunciará", agrega el ministro Saavedra.
 
Y mientras la Asup señala que la Ley Universitaria viene siendo interpretada "al antojo del Ejecutivo", el ministro de Educación, Jaime Saavedra, indica que la norma y la renovación de autoridades se tienen que cumplir. "Estamos en una situación en la que alguien dice: a mí no me da la gana de cumplir la ley. Eso, por un lado, no tiene mucho sentido. Lo que preocupa es que quienes asumen esta posición son rectores, quienes están a cargo de la formación de los jóvenes".

Mora denuncia salida de decano

El promotor de la nueva Ley Universitaria, Daniel Mora, indicó que la Sunedu tiene la potestad de definir plazos para implementar la norma. "Saludo el reglamento, pero también considero que la Sunedu ya debió hacer denuncias penales".
 
El congresista informó sobre la destitución del decano (e) de la facultad de Ciencias Sociales de la UNMSM, Jorge Silva. Al respecto, la organización Acuerdo Institucional
Sanmarquino señala que la destitución se da "de manera repentina y arbitraria por parte de Pedro Cotillo" luego de que Silva se negara a suscribir un comunicado en contra de la Sunedu.

Ley Universitaria: Congresista Mora pide que se denuncie a 20 rectores por desacat


Ley Universitaria: Congresista Mora pide que se denuncie a 20 rectores por desacato

Entre las autoridades que podrían ser denunciadas se encuentra Pedro Cotillo, rector de la universidad San Marcos, a quien se le acusa de boicotear las elecciones universitarias de dicho centro de estudios.
El congresista recordó que el desacato de la ley es un delito penal por lo que estos rectores, en su opinión, deberían estar tras las rejas
El congresista recordó que el desacato de la ley es un delito penal por lo que estos rectores, en su opinión, deberían estar tras las rejas. Foto: La República
El presidente de la Comisión de Educación y Deportes del CongresoDaniel Mora, sostuvo que al menos 20 rectores de universidades públicas deberían ser denunciados penalmente por desacatar la Ley Universitaria, aferrandose a sus cargos.
En conferencia de prensa, el legislador instó al Ministerio Público para que actúe de oficio, así como a los procuradores de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y del Ministerio de Educación (Minedu) para que procedan a denunciar a esos rectores que infringen la ley.
"Deploramos la actitud que han tomado los rectores de algunas universidades públicas de no acatar la Ley Universitaria. Con el pretexto de que quieren hacer surgir su universidad se pretenden quedar en el cargo. Esa rebeldía debe ser sancionada con acusaciones penales", manifestó. 
Señaló que entre los rectores infractores figuran, por ejemplo, el de las universidades Mayor de San Marcos y Federico Villarreal (Lima), y Micaela Bastidas (Apurímac), que -según afirmó- siguen en sus cargos únicamente por no perder el control de los ingresos que administran.
Mora Zevallos refirió que estas autoridades manejan ingentes recursos procedentes del canon y de ingresos propios, lo cual les permite autoasignarse bonificaciones por conceptos como "organización del proceso de admisión", "academia preuniversitaria", "diplomados", "escuela de posgrado", así como por la administración de empresas universitarias de cuyos directorios forman parte. 

Recibe respaldo de catedráticos

Mora Zevallos estuvo acompañado de representantes de la Federación de Docentes de las Universidades Peruanas, quienes denunciaron públicamente a los rectores que buscan por todos los medios de permanecer en sus cargos y que llegan incluso a hostigar a los catedráticos que les exigen cumplir la Ley Universitaria. 
Señalaron que, al desacatar la norma, estos rectores impiden que los catedráticos accedan a ratificaciones o sean promovidos a cargos según su nivel de preparación y, al no promover la investigación como manda la ley, dificultan el acceso a fondos concursables.
"Al incumplir la Ley Universitaria, las firmas de estas autoridades y de los funcionarios que respaldan carecen de valor legal, por lo que no se puede realizar ningún trámite que luego será observado por la Sunedu", indicaron.

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