Las universidades públicas de Cusco, Áncash, Cajamarca y varias otras regiones reciben millonarias partidas. Es dinero para investigaciones, pero se le da otros usos
Desde el 2004, y de manera acumulativa, una treintena de universidades públicas, ubicadas en los departamentos que generan canon, reciben el 5% de ese beneficio. Dinero que según ley deben destinar “exclusivamente a la investigación científica y tecnológica que potencie el desarrollo de sus respectivas regiones”.
La idea es que las regiones que hoy sostienen su economía en las rentas por la explotación minera, vayan creando alternativas económicas que en un plazo no lejano puedan compensar el cierre de dichas operaciones o, acaso, la extinción de esos preciados recursos.
Sin embargo, desarmadas de laboratorios, tecnología y capacidades, las universidades públicas anunciaron en 2004 que no estaban en condiciones de producir el tipo de conocimiento que les exigía la Ley del Canon: Investigaciones académicas que apunten a la competitividad y al valor agregado; y que puedan desarrollarse y luego aplicarse en alianza con gobiernos regionales y locales, empresas y sociedad, en lugar de terminar olvidadas en los desolados estantes de una oscura biblioteca universitaria.
Advertida de la falta de condiciones de las universidades públicas para darle ese específico uso al canon, nuestra legislación precisó en 2005 que por inversión en “investigación en ciencia y tecnología” se podía entender también la infraestructura y el equipamiento que luego daría paso a las otras.
Además, se normó que dichos trabajos universitarios girasen en torno a campos estratégicos, como salud pública, prevención de enfermedades endémicas, sanidad agropecuaria, preservación de la biodiversidad y el ecosistema.
Pero han pasado los años y nada. Las transferencias por canon se han multiplicado para muchas universidades, poniéndolas en serios aprietos para ejecutarlas, llevándolas en el peor de los casos a construir por doquier. Y en el mejor de los casos a alistar buenos laboratorios. Un porcentaje mínimo se ha usado para apoyar las tesis de algunos estudiantes.
CAMBIO DE DESTINO
La ejecución del canon asignado a las universidades desde el 2004 alcanza en promedio un 20%. No son pocos los casos de ejecuciones al 0%. En vista de esta ineficiencia de gasto, otra (resignada) regulación legal dispuso en 2011 que a partir de este año las universidades puedan usar el 20% de la plata del canon en evaluación y acreditación de la calidad académica.
Se trata de un alivio para los funcionarios universitarios, acusados de gastadores ineficientes. Pero una pésima decisión en opinión de Jorge Mori, presidente del grupo civil Universidad Coherente.
“Ese 20% corre el riesgo de malgastarse en largas consultorías externas para que las facultades traten de acreditar su calidad. ¿Pero qué calidad si ni siquiera pueden presentar proyectos de investigación?”, protesta.
¿EN QUÉ VAN?
Entre las universidades con mayor asignación de canon están la cusqueña San Antonio Abad (Unsaac), cuyo monto por canon acumulado al 2011 era de S/.233´464.800 y las ancashinas Santiago Antúnez de Mayolo (Unasam) y Del Santa (Usanta), cada una con S/.150 millones al 2011.
En la Unsaac se reemplazó este año el Vicerrectorado Administrativo por el flamante Vicerrectorado de Investigación, el cual ya arrancó a cargo de Gladys Concha. Ella, catedrática y comunicadora, dice que a partir de este año el 40% del canon de la Unsaac se destinará a investigación científica y tecnológica; otro 40% a proyectos de inversión (más infraestructura), y el restante 20% irá –cómo no– a la acreditación universitaria.
“Nosotros el año pasado empezamos a gastar lo del canon en proyectos de investigación. Se aprobó 16 de 28 proyectos. Logramos asignar S/.21 millones. Algunos se están ejecutando. Otros se fueron postergando por trabas burocráticas. Este año hemos vuelto a lanzar la convocatoria. Estamos ofreciendo hasta S/.3 millones por proyecto. Si se presentan 30, ¡habremos hecho uso de S/.90 millones!”, se entusiasma Concha ante la posibilidad de elevar el indicador de uso del canon.
-¿No es igual de ineficiente gastar el máximo posible, pero en proyectos pequeños y desarticulados entre sí?
“Bueno, no le puedo decir que tengamos un proyecto emblemático para Cusco, pero sí hemos sido rigurosos al escoger los que tenemos”, replica Concha. Aunque enseguida confiesa que es difícil que este año –y los próximos– postulen proyectos interesantes, debido a que los profesores que deben liderarlos “no se sienten estimulados económicamente”.
BLINDAJE Y TRABA
Concha se refiere a la prohibición que de entrada zanjó la Ley del Canon para evitar que ese dinero se atomice y reparta entre los profesores universitarios, como ocurrió en la década del 90’ con el Fondo Especial de Desarrollo Universitario (Fedu).
Hoy, los catedráticos que dirijan una investigación con fondos del canon no podrán recibir ninguna retribución económica adicional a su sueldo (aunque en muchos casos ese no llegue a S/.2.000).
Ese blindaje del dinero puede resultar una traba. Así lo entienden también el rector de la Universidad Nacional de Cajamarca, Fernando Castillo; el vicerrector de la Universidad Jorge Basadre de Tacna, Walter Ibárcena; y el rector de la ancashina Usanta, Pedro Moncada.
“A la mayoría de profesores jóvenes les conviene dictar las horas pactadas y trabajar en otro sitio. Estos, paradójicamente, son los profesores más interesantes en una universidad pública, pues están en contacto con su rubro, fuera de la burbuja universitaria. En cambio, los profesores más antiguos (ganan más), suelen estar desactualizados y, a veces, politizados en grupos de poder internos”, comenta Epifanio Baca, responsable del programa de vigilancia del canon, de Propuesta Ciudadana. Sugiere que empresas y gobiernos propongan a la universidad temas de investigación que les interese.
“Se requiere invertir en fortalecer las capacidades de investigación de todas las universidades públicas, reciban o no canon”, recomienda Marcos Garfias, del IEP.
Fuente
