Plantean suspender por 5 años creación de universidades

No más desorden. Hay universidades ejemplares. Otras se han creado con poco criterio.
Instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil apoyan esta iniciativa que será debatida por el Congreso en unas semanas. Exigen una nueva Ley Universitaria.
Claudia Malpartida.
La proliferación de universidades en el Perú es un problema que va de la mano con la baja calidad educativa que ofrecen dichas casas de estudios. Esta situación ha generado que se ponga sobre la mesa el proyecto de ley de Moratoria Temporal de Creación de Universidades –que será debatido en las próximas semanas en el Congreso– para que no se pueda crear universidades en el país durante los próximos cinco años.
Ayer en el Parlamento, importantes organizaciones como la Secretaría Nacional de Universidades (Senaju), la Federación de Estudiantes del Perú (FEP) y la Asociación Civil Universidad Coherente mostraron su apoyo para la aprobación de esta iniciativa que fue presentada por el congresista Vicente Zeballos.
¿Cuál es el fin de esta moratoria? Según sus promotores, se busca uniformar la diversidad de normas sobre estos centros, que se acelere el proceso de acreditación y se defina el rol y el tipo de universidades que requiere el país.
"Una moratoria de cinco años (es necesaria) para revisar toda la normativa, acceder a un real proceso de acreditación de las universidades, sus presupuestos y trabajar en el tema de la investigación, que es secundario en este momento... por eso queremos proponer, en cierta forma, un alto para preguntarnos primero qué universidad tenemos y qué universidad queremos", sostuvo el parlamentario Zeballos.
Allin Monteza Ríos, presidente de la FEP, expresó que no dudarán en apoyar esta moratoria desde las bases de la federación que preside. "Basta de proliferación de universidades que se crean en el Congreso", manifestó.
Por su parte, la secretaria de Asuntos Estudiantiles del Senaju, Paloma Duarte, indicó que también se sumarán "a esta propuesta que debate la implementación de una reforma universitaria".
Hace unas semanas, la ministra de Educación, Patricia Salas, se mostró a favor de esta moratoria a la creación de universidades, debido a la observación que hizo el presidente Ollanta Humala a la propuesta de ley para la creación de la Universidad Tecnológica de Chincha.
Al respecto, Jorge Mori, de Universidad Coherente, señaló que este proyecto "está alineado con la postura del Ejecutivo y el presidente (Humala), ellos se han pronunciado a favor".
La propuesta ya está hecha. Es momento de decisiones.
CLAVESEntre 2006 y 2011, durante el gobierno de Alan García, se crearon 16 universidades públicas, de las cuales 12 fueron creadas sobre infraestructura y con presupuesto de otras universidades. El año pasado hubo dos conflictos sociales por este caso.
En lo que va del actual gobierno ya hay 9 proyectos de ley para creación de universidades esperando ser aprobados por el Congreso. Universidad Coherente halló 10 conflictos especiales que el Ejecutivo debe enfrentar.
EN CIFRAS129 universidades existen en el país. De ella, 51 son públicas y 78 son privadas.
782 mil estudiantes de pregrado tienen estas casas de estudios.
200 carreras profesionales ofrece la universidad peruana.
Fuente

Cómo engendrar una universidad pública en el Perú

Crear una universidad es fácil. Sólo necesitas un congresista convencido que saque adelante una ley. Lo que resulta casi imposible es que esa universidad, creada en el papel, comience a funcionar.
Universidad Coherente ha ilustrado así el caótico proceso:
El Congreso crea las universidades y la CONAFU, en teoría, es el organismo legal que supervisa su puesta en funcionamiento. Pero la realidad es muy distinta.

Sin embargo, en todo este proceso nadie se responsabiliza por la calidad y el seguimiento de la universidad luego del proceso de creación. La evaluación del CONAFU es una autoevaluación documental, que consiste en una visita de 5 días de constatación, una vez al año. La mayoría de veces, los inspectores son engañados.
— Hay gente que alquilan laboratorios por días para que la universidad pase y no tienen ni laboratorio. Además, la evaluación dura cinco días y es documentaria, no de procesos. Eso llevaría 6 meses o un año de seguimiento, para saber si lo que hacen es de calidad —explica Edmundo Murrugarra, miembro del directorio del Consejo Nacional de Educación.
La informalidad de estos procesos desencadenó una sanción del Tribunal Constitucional a la CONAFU, que quedó desautorizada para dar el visto del funcionamiento a las universidades.
Sin embargo, el castigo del TC generó un vacío legal en el complejo procedimiento para poner en marcha una universidad. El vacío generó más conflictos (como los presentados en el reportaje anterior).
Por ello, la sanción fue levantada en julio de 2011. Con la ley 29780, el Congreso restituyó las funciones de la CONAFU, pero sólo por un año. La CONAFU resucitó únicamente para terminar los procesos de universidades públicas en curso, que, de no culminar, generarían conflictividad en el interior del país.
Aún no se sabe quién se hará cargo de esos procesos después de julio de este año, cuando la CONAFU vuelva a perder sus facultades.

ÁRBOL QUE CRECE TORCIDO
¿Pero quién verifica la calidad de las nuevas universidades?
Según la ley 28740, el CONEAU(Consejo Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Universitaria) es el órgano encargado de definir los criterios, indicadores y estándares de calidad referidos en la Ley General de Educación.
El problema está en que el CONEAU solo interviene en universidades que ya han sido institucionalizadas, mas no en la creación de ellas. Es decir, luego del proceso de organización, con 5 años de funcionamiento y, al menos, una promoción de egresados.
Peor aún: la evaluación aún es de carácter voluntario, es decir, no es obligatoria. Esto deja sin supervisión a varias universidades; con excepción de aquellas con carreras en educación, salud y derecho.
Hasta agosto de 2011, de las 1500 carreras universitarias que hay en el país, solo a 391 se les exige acreditación obligatoria para funcionar. Fotografía: Todo Perú.

El SINEACE (Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa) tiene criterios e indicadores que las universidades deberían seguir, pero estos sencillamente no son aplicados por las autoridades. ¿Por qué?
— Porque descubrimos que muchos programas de universidades públicas y privadas no hubieran pasado —se excusa Manuel Solis, titular de la Dirección de Coordinación Universitaria del MINEDU durante el gobierno de García.
Solís explica que si se hubieran aplicados los criterios establecidos, el sistema educativo habría colapsado. Pero, entonces, ¿cómo es qué se sostiene este sistema? La respuesta, desde hace años, viene recayendo sobre la postergada renovación de la Ley Universitaria, la conocida Ley Sánchez.

LA LEY SÁNCHEZLos problemas de la universidad pública van mucho más allá del tema de la creación deficiente, nos repiten los especialistas entrevistados por INFOS. El problema de fondo es una ley que ya no funciona, una ley que no respetan ni las universidades públicas ni las privadas, la ley universitaria 23733:
—No la respetan porque le han sacado mucho la vuelta —explica Jorge Mori, director ejecutivo de la ONG Universidad Coherente—. Es una ley violada constantemente por todos y por todos lados. Todos le dan la interpretación que le da la gana.
Una prueba de esto es la interpretación que las universidades le han dado al concepto de “autonomía universitaria”.
—Con esto de la autonomía —dice Edmundo Murrugarra— muchas universidades están haciendo planes de estudios poco articulados a los intereses del país. Es más bien una excusa para seguir intereses muy de cortos plazo relacionados a la demanda del mercado de servicios.
Otra batalla perdida de la Ley Universitaria, es el D.L. Nº 882 adoptada por el gobierno fujimorista, supuestamente, para satisfacer la demanda de universidades por la nueva clase media. Este decreto autoriza la creación y regula a las universidades con fines de lucro.
Gracias a esta ley, las universidades privadas pasaron de ser un ⅓ del total en 1995 a ser más de las ⅔ partes de todas las universidades en la actualidad. La década dorada fue de 2000 al 2010 con la creación de 38 nuevas universidades privadas.
Es decir, ahora las dos terceras partes de las universidades no se rigen por la la Ley Universitaria sino por el decreto 882 del fujimorismo. Es decir, la mayoría de centros superiores están fuera de la Ley Universitaria.

La evolución de la Ley Universitaria desde 1983 a la fecha. Todos estos parches ya no permiten un trabajo integral de política pública en educación como establece del Proyecto Educativo Nacional al 2021.
Sobre esta situación, la Asamblea Nacional de Rectores se ha manifestado de acuerdo con tener una nueva ley universitaria que sea integral para resolver los problemas. Pero no es tan fácil, porque: .
—Hay una gente que no quiere una ley que logre sistematizar todo, porque ese desorden que hay les conviene —denuncia Orlando Velázquez Benítez, presidente de la ANR—. Son varios actores, entre ellos están algunas entidades educativas del sistema y otras por parte del Estado.
¿Quiénes son los responsables? Como dice el presidente de la ANR, son varios. En la siguiente entrega INFOS señalará a algunos.