Crear una universidad es fácil. Sólo necesitas un congresista convencido que saque adelante una ley. Lo que resulta casi imposible es que esa universidad, creada en el papel, comience a funcionar.
Universidad Coherente ha ilustrado así el caótico proceso:
El Congreso crea las universidades y la CONAFU, en teoría, es el organismo legal que supervisa su puesta en funcionamiento. Pero la realidad es muy distinta.
Sin embargo, en todo este proceso nadie se responsabiliza por la calidad y el seguimiento de la universidad luego del proceso de creación. La evaluación del CONAFU es una autoevaluación documental, que consiste en una visita de 5 días de constatación, una vez al año. La mayoría de veces, los inspectores son engañados.
— Hay gente que alquilan laboratorios por días para que la universidad pase y no tienen ni laboratorio. Además, la evaluación dura cinco días y es documentaria, no de procesos. Eso llevaría 6 meses o un año de seguimiento, para saber si lo que hacen es de calidad —explica Edmundo Murrugarra, miembro del directorio del Consejo Nacional de Educación.
La informalidad de estos procesos desencadenó una sanción del Tribunal Constitucional a la CONAFU, que quedó desautorizada para dar el visto del funcionamiento a las universidades.
Sin embargo, el castigo del TC generó un vacío legal en el complejo procedimiento para poner en marcha una universidad. El vacío generó más conflictos (como los presentados en el reportaje anterior).
Por ello, la sanción fue levantada en julio de 2011. Con la ley 29780, el Congreso restituyó las funciones de la CONAFU, pero sólo por un año. La CONAFU resucitó únicamente para terminar los procesos de universidades públicas en curso, que, de no culminar, generarían conflictividad en el interior del país.
Aún no se sabe quién se hará cargo de esos procesos después de julio de este año, cuando la CONAFU vuelva a perder sus facultades.
ÁRBOL QUE CRECE TORCIDO
¿Pero quién verifica la calidad de las nuevas universidades?
Según la ley 28740, el CONEAU(Consejo Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Universitaria) es el órgano encargado de definir los criterios, indicadores y estándares de calidad referidos en la Ley General de Educación.
El problema está en que el CONEAU solo interviene en universidades que ya han sido institucionalizadas, mas no en la creación de ellas. Es decir, luego del proceso de organización, con 5 años de funcionamiento y, al menos, una promoción de egresados.
Peor aún: la evaluación aún es de carácter voluntario, es decir, no es obligatoria. Esto deja sin supervisión a varias universidades; con excepción de aquellas con carreras en educación, salud y derecho.
Hasta agosto de 2011, de las 1500 carreras universitarias que hay en el país, solo a 391 se les exige acreditación obligatoria para funcionar. Fotografía: Todo Perú.
El SINEACE (Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa) tiene criterios e indicadores que las universidades deberían seguir, pero estos sencillamente no son aplicados por las autoridades. ¿Por qué?
— Porque descubrimos que muchos programas de universidades públicas y privadas no hubieran pasado —se excusa Manuel Solis, titular de la Dirección de Coordinación Universitaria del MINEDU durante el gobierno de García.
Solís explica que si se hubieran aplicados los criterios establecidos, el sistema educativo habría colapsado. Pero, entonces, ¿cómo es qué se sostiene este sistema? La respuesta, desde hace años, viene recayendo sobre la postergada renovación de la Ley Universitaria, la conocida Ley Sánchez.
LA LEY SÁNCHEZLos problemas de la universidad pública van mucho más allá del tema de la creación deficiente, nos repiten los especialistas entrevistados por INFOS. El problema de fondo es una ley que ya no funciona, una ley que no respetan ni las universidades públicas ni las privadas, la ley universitaria 23733:
—No la respetan porque le han sacado mucho la vuelta —explica Jorge Mori, director ejecutivo de la ONG Universidad Coherente—. Es una ley violada constantemente por todos y por todos lados. Todos le dan la interpretación que le da la gana.
Una prueba de esto es la interpretación que las universidades le han dado al concepto de “autonomía universitaria”.
—Con esto de la autonomía —dice Edmundo Murrugarra— muchas universidades están haciendo planes de estudios poco articulados a los intereses del país. Es más bien una excusa para seguir intereses muy de cortos plazo relacionados a la demanda del mercado de servicios.
Otra batalla perdida de la Ley Universitaria, es el D.L. Nº 882 adoptada por el gobierno fujimorista, supuestamente, para satisfacer la demanda de universidades por la nueva clase media. Este decreto autoriza la creación y regula a las universidades con fines de lucro.
Gracias a esta ley, las universidades privadas pasaron de ser un ⅓ del total en 1995 a ser más de las ⅔ partes de todas las universidades en la actualidad. La década dorada fue de 2000 al 2010 con la creación de 38 nuevas universidades privadas.
Es decir, ahora las dos terceras partes de las universidades no se rigen por la la Ley Universitaria sino por el decreto 882 del fujimorismo. Es decir, la mayoría de centros superiores están fuera de la Ley Universitaria.
La evolución de la Ley Universitaria desde 1983 a la fecha. Todos estos parches ya no permiten un trabajo integral
de política pública en educación como establece del Proyecto Educativo Nacional al 2021.Sobre esta situación, la Asamblea Nacional de Rectores se ha manifestado de acuerdo con tener una nueva ley universitaria que sea integral para resolver los problemas. Pero no es tan fácil, porque: .
—Hay una gente que no quiere una ley que logre sistematizar todo, porque ese desorden que hay les conviene —denuncia Orlando Velázquez Benítez, presidente de la ANR—. Son varios actores, entre ellos están algunas entidades educativas del sistema y otras por parte del Estado.
¿Quiénes son los responsables? Como dice el presidente de la ANR, son varios. En la siguiente entrega INFOS señalará a algunos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario